Pese a
cuestionar la prórroga de su mandato, legisladores “evistas” reconocen la
competencia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
al recurrir a esa instancia para objetar la constitucionalidad del Decreto
Supremo 1543 sobre Derechos Reales, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Los
senadores y diputados que van a presentar acciones de inconstitucionalidad ante
el Tribunal Constitucional (contra el decreto), claramente le están mostrando
al país que le reconocen su competencia a esas autoridades, quienes tienen que
resolver esta situación en el marco de la Constitución”, afirmó en conferencia
de prensa.
El
diputado “evista” Santos Mamani y su correligionario el senador Luis Adolfo
Flores anunciaron, por separado, que presentarán ante el TCP acciones de
inconstitucionalidad en contra del Decreto Supremo 5143 reglamentario de la Ley
de 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales.
Ambos
legisladores alegaron que solo una ley puede ordenar el funcionamiento de
Derechos Reales, desconociendo que ya en 2004, el entonces gobierno de Carlos
Mesa aprobó el Decreto Supremo 27957 con el fin de reglamentar la Ley de
Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887.
“Hemos
adelantado un recurso de inconstitucionalidad abstracta que se será presentado
en las próximas horas en contra del decreto supremo 5143”, anunció Flores.
Ambos
legisladores, en distintas ocasiones, objetaron la permanencia de los
magistrados del TCP y del Órgano Judicial porque, señalan, feneció su mandato
en diciembre de 2023, desconociendo la Declaración Constitucional Plurinacional
0049/2023 que en su punto conclusivo cuarto “dispone la prórroga de mandato de
las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en
actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y
posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por
la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo
por el Órgano Electoral Plurinacional”.
Cada
vez que se da las condiciones solicitan que los magistrados renuncien e incluso
insisten en el Legislativo a tratar dos proyectos de ley que ordenan el cese de
mandato de éstos y la suspensión de plazos judiciales.
Ante
estas acciones, Lima anticipó que su cartera defenderá el decreto porque lo que
busca es acabar con las “mafias en Derechos Reales”, trasparentar y modernizar
su servicio y garantizar la propiedad privada, como establece la Constitución
Política del Estado.
“Si
alguien cree que esta norma es inconstitucional tiene que presentar su acción
ante el Tribunal Constitucional. Nosotros contestaremos y esperaremos que en lo
inmediato se pronuncie el Tribunal. Los conflictos jurídicos sobre
constitucionalidad no los definen las partes en conflicto, los definen los
tribunales de justicia y en ese sentido vamos a hacer las respuestas
pertinentes y necesarias ante el Tribunal constitucional”, enfatizó. // Fuente:
ABI