La Comisión Mixta de Justicia Plural declaró un
cuarto intermedio hasta el día miércoles porque sus integrantes no lograron
ponerse de acuerdo sobre el contenido de una nota dirigida al vicepresidente
David Choquehuanca para que defina el camino que destrabe las elecciones
judiciales y posibles procesos contra jueces de La Paz, Santa Cruz y Pando que
trabaron la labor de preselección de candidatos judiciales.
Ambas propuestas presentadas por la Secretaría
de la Comisión, presidida por el senador Roberto Padilla, generaron posiciones
contrarias entre los legisladores.
En la nota dirigida al vicepresidente se
recuerda que este 6 de mayo feneció el plazo de 80 días que da la Ley 1549
Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 a la Asamblea Legislativa
Plurinacional para que remita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nómina de
candidatos preseleccionados, por lo cual, refiere, es necesario asumir
acciones.
“Con la finalidad de garantizar la continuidad
y la conclusión de la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, a
tiempo de presentar un informe sobre el proceso de preselección que se ha
realizado en el marco de la Ley 1549, solicito a su autoridad que, como
presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque con carácter
de urgencia a los asambleístas de las tres fuerzas, sea a reuniones o a sesión
del pleno, a objeto de tomar las medidas o acciones necesarias para garantizar
la continuidad y conclusión del proceso de preselección”, se lee en la nota.
En tanto, las propuestas de proceso penal por
resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, prevaricato y
usurpación de funciones están orientadas contra los jueces que integran el
Tribunal Departamental de La Paz, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal
Departamental de Justicia de Santa Cruz y de la Sala Constitucional Primera del
departamento de Pando que dieron curso a los recursos que terminaron
paralizando las elecciones judiciales.
Fue la Sala Constitucional Tercera del Tribunal
Departamental de Justicia de Santa Cruz la que frenó el proceso de preselección
el 16 de abril, cuando se iba a iniciar la toma de las pruebas orales a los
aspirantes, mientras que la Sala Constitucional Primera del departamento de
Pando anuló todo el proceso el 30 de abril al dar curso a una acción popular
por la presunta vulneración de derechos de mujeres indígenas en la composición
de postulantes.
Sobre estos posibles procesos penales, el
secretario técnico de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Richard Fuertes,
aclaró que solo serán admitidos en la medida que el Tribunal Constitucional confirme
o revoque las resoluciones asumidas por cada tribunal.
Advirtió que existe un “precedente
constitucional” que podría llevar a que estas demandas no prosperen si se las
presenta en este momento.
Ante ese escenario, la senadora de Comunidad
Ciudadana Silvia Salame, adscrita a la Comisión, propuso que no se objete la
decisión de fondo que los tribunales asumieron, sino las medidas cautelarles
que emitieron y con lo que trabaron el proceso de preselección, vulnerando la
Ley 1549.
Para definir cuál sería la mejor estrategia, la
diputada del MAS Estefanía Morales propuso se declare un cuarto intermedio por
un par de horas para, además, revisar los documentos de las denuncias.
Sin embargo, el senador de CC Santiago Ticona
demandó que se lo define de inmediato.
En la votación ganó la propuesta de declarar un
cuarto intermedio hasta el miércoles, no obstante, el presidente de la Comisión
anunció que se realizará una reunión previa este martes para lograr los
consensos sobre ambas propuestas. // Fuente: ABI